La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha revelado hoy la faceta más comunistoide del Gobierno al avanzar que la futura ley de vivienda va a obligar a reservar nada menos que un 30% de todas las promociones a viviendas de protección oficial y, de ese porcentaje, la mitad se destinará a alquiler social. Belarra ha justificado el chantaje a los constructores: «Así construiremos sociedades más felices».
El anuncio tendrá como primera consecuencia que los inversores salgan espantados del sector por mucho que la ministra de Podemos afirme que quieren garantizarles que hagan negocio, pero que el derecho a la vivienda está por delante de sus beneficios. «No van a hacer negocio a cualquier precio», ha sentenciado Belarra.
La medida, además, tendrá una segunda derivada en el desempleo de muchos trabajadores de la construcción ante la más que previsible caída de la actividad en su gremio.